Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizará una audiencia en San José, el 15 de mayo próximo, por la falta de diligencia del Estado guatemalteco en la investigación del crimen de la niña María Isabel Véliz, ocurrido en 2001, informó el martes el organismo en un comunicado.
Por: AFP
Este es el primer caso que llega a esa Corte internacional de un femicidio en Guatemala, país en el cual fueron asesinadas más de 6.000 mujeres entre 2000 y 2012, según diversas fuentes humanitarias.
María Isabel Véliz Franco, de 15 años, desapareció el 16 de diciembre de 2001 y su cuerpo apareció dos días más tarde con evidentes indicios de abuso.
La madre de la víctima, Rosa María Franco, interpuso la denuncia sobre la desaparición de su hija el día 17 de diciembre, pero las autoridades fueron negligentes desde el principio, por lo que el crimen se ha mantenido en la impunidad hasta la fecha.
Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organismo que representa a los familiares de la víctima en este caso, el Estado guatemalteco no investigó diligente, exhaustiva ni seriamente el asesinato.
“Las pesquisas han estado viciadas por retardos injustificados, pérdida de evidencias, omisiones de líneas de investigación relevantes e incluso por la estigmatización de la propia víctima y de su familia por parte de las autoridades”, señala la organización.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, presentó la demanda ante la Corte en junio de 2012, después de haber agotado todos los recursos posibles para lograr que el Estado guatemalteco accediera a investigar el caso de María Isabel.
El Ministerio Público y el Organismo Judicial informan que la violencia contra la mujer es el tercer delito más denunciado en Guatemala, pero el índice de impunidad de estos crímenes alcanza el 99% en relación a los casos ingresados, de acuerdo con CEJIL.
La Corte IDH realizará su 99° periodo de sesiones del 13 al 31 de mayo, durante el cual presidirá otras tres audiencias, una de ellas relativa al caso de varios dirigentes indígenas mapuches, condenados por terrorismo por las autoridades chilenas, con base en una legislación calificada de discriminatoria por los denunciantes.
Los otros casos son el conocido como “J” contra el Estado de Perú, relativo a la detención arbitraria, tortura y violación de un ciudadano peruano, y el de un subcomisario argentino, Jorge Omar Gutiérrez, asesinado cuando investigaba un caso de corrupción.
